Paro motorizado

La casi total parálisis de los medios de transporte, excepto los taxis, sumado al cierre de muchas estaciones de servicio, marcaron el ritmo del paro convocado el pasado jueves 10 por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo, encabezada por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo (la CGT Azul y Blanca) y la adhesión de Pablo Micheli, a través de la CTA. Además, los partidos de la izquierda trotskista montaron en toda Argentina medio centenar de piquetes en autopistas, carreteras y calles para impedir la circulación de vehículos en todo el país, y Misiones no fue la excepción.
Al finalizar la jornada y aún hasta ahora, resulta muy difícil evaluar el resultado de la medida. Entre las consecuencias, algunos prefirieron hacer hincapié en los incidentes y heridos que resultaron de las manifestaciones y, señalaron a la izquierda como la culpable de los piquetes en las principales rutas y avenidas del país.
Para otros, la clave de la alta adhesión fue la falta de medios de transporte público. Esta vez no funcionaron colectivos, trenes, el metro ni aviones en vuelos nacionales. Por esta razón, gran parte de los trabajadores no pudieron acudir a cumplir sus compromisos, no tanto por respaldar la huelga como por el trastorno de moverse en la ciudad con las restricciones del transporte público.
Quienes acompañaron la medida remarcaron que los motivos de la huelga fueron el reajuste salarial, la inflación y el crecimiento de la violencia en el país. Pidieron además convenios laborales a la altura del costo de vida, la disminución del impuesto a las ganancias, un plus de emergencia para los jubilados y más seguridad ciudadana.
Pero lo cierto es que varias consultoras remarcaron que la gente no sabía el verdadero motivo del paro y, como se indicó, aunque muchos quisieron concurrir a cumplir con sus obligaciones laborales, no pudieron hacerlo por carecer de medios de transporte. En definitiva, la mayoría de los argentinos quedaron varados y no pudieron decidir de manera libre si adherían o no a la medida. De esta manera, al no tener cómo moverse, fueron forzados a ausentarse en sus lugares de trabajo, lo que elevó los números de “adhesión” a la huelga general.
Esta fue la segunda huelga general en la gestión de la presidenta Cristina Fernández. La anterior fue en noviembre de 2012 y tuvo un alto seguimiento, paralizando gran parte del país.
El jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirmó que resultaba muy difícil evaluar el impacto de una medida de fuerza como la llevada adelante por las centrales obreras opositoras, porque a veces se confunde el paro con un lockout patronal. Además se defendió de las críticas planteadas por los dirigentes sindicales y les recordó que en su momento, fueron aliados y se beneficiaron con el Gobierno. Se refería, claro, a Moyano, quien pasó de ser un férreo aliado del Gobierno a un acérrimo rival. Lo mismo en cuanto a la opinión del camionero. Hasta hace poco, minimizaba la inflación, al indicar que era preferible antes que la deflación de los años ‘90 que generaba desempleo, y ahora la calificó como uno de los mayores problemas del país.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, advirtió que la protesta no modificará el rumbo que tiene el Gobierno. Además de definir como interlocutores de la oposición a Moyano y Barrionuevo, los acusó de incurrir en incongruencias al haber llamado al paro con reivindicaciones que son las mismas por las que trabaja el Ejecutivo. Sostuvo que el aumento de asignaciones familiares y los cambios en Ganancias son cosas que hace el Gobierno todos los años.
Además, los resultados de una medida de fuerza se miden en función de los cambios que puede provocar. Al parecer, en ese sentido el éxito del paro de Moyano queda relativizado. Ocurre que el Ejecutivo, con el fin de vaciar de contenido a la convocatoria, había acelerado contrarreloj los cierres de las negociaciones paritarias clave. Docentes, metalúrgicos, bancarios, empleados de comercio y obreros de la construcción firmaron acuerdos con el formato del jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, quien planteó que el paro fue político. Es que si se observan los porcentajes de aumentos de sueldos ya pactados y los que aún se están reclamando, no sería la cuestión salarial un motivo suficiente para la protesta concretada. Por eso se insiste en que fue un paro político o para medir fuerzas. Pero en cuanto a la simbología, Moyano demostró una vez más el poder de paralizar el país. Los K lo dejaron crecer mucho, a costa de otros gremios. Todos conocen el avance sindical de Camioneros, muchas veces avalado por el Gobierno en los tiempos en que eran amigos. Hoy, distanciados, el Gobierno sufre las medidas de fuerzas lideradas por Moyano.

Incógnitas
Lo cierto es que nadie sabe -ni los propios sindicalistas dieron certezas- cómo continuarán los reclamos. Más allá de lo que ocurra, el paro de esta semana les permitió a los gremialistas enviar una señal al Gobierno, que por ahora no muestra signo de cambiar el rumbo. Y esto último desvela a los dirigentes. Moyano espera señales sobre los impuestos a las ganancias. Barrionuevo, que sintió recuperar presencia, propuso otro paro, y Micheli, que compartiría esta última cuestión, se mostraría más mesurado para evitar quedar atrapado en la otra lucha interna que se dirime por estas horas entre los sindicatos peronistas. De esta manera, los circunstanciales socios que impulsaron la huelga ya comenzaron a tener posturas encontradas. Y eso que todavía no consiguieron nada de lo que habían reclamado.

Seguridad
En Misiones se trasladó esta semana el gran debate sobre la seguridad. Algunos jueces de la tierra colorada aseguran que en esta provincia no se les concede la libertad con facilidad a los reincidentes, como sí ocurre en provincias como Buenos Aires. De hecho sostienen que la mayoría de las causas judiciales iniciadas se investigan con los imputados en libertad. Esto implica que un mínimo porcentaje de sospechosos queda detenido hasta su condena. En este último lote, se encuentran los reincidentes de diferentes delitos, y quienes quedan detenidos desde un primer momento son aquellos investigados por delitos no excarcelables, como los homicidios, violaciones o los que cometieron delitos tales como robos con armas.
Jueces y legisladores consideran que la cuestión de fondo a resolver pasa por la situación económica y social del país, en referencia a una mayor inclusión y oportunidades.
El tema es complicado de resolver. El problema de la seguridad debe ser encarado en forma integral y no con parches. En las preocupaciones ciudadanas este tema figura en la cima. Y debe ser el gran desafío de los gobiernos presentes y futuros frenar la inseguridad. En cuanto a los linchamientos, los legisladores coincidieron en que la justicia por mano propia es un delito, y que no se debe avalar bajo ningún punto de vista. Es muy malo para una sociedad no dejar que las instituciones funcionen.

Contra el linchamiento
El Gobierno provincial, por su lado, inició una ronda de debate con diversos sectores, entre ellos las fuerzas de seguridad y la Justicia, ante la necesidad de llevar mayor seguridad a los ciudadanos. La semana pasada el gobernador Maurice Closs ya había dejado aclarado su posición en contra de cualquier reforma del Código Penal. El viernes pasado, en el marco del aniversario del Servicio Penitenciario de Misiones, insistió con que no es el momento de debatir cambios en el Código Penal o ser más flexibles, sino en cumplir las leyes existentes. Y de hacer algunos cambios, deberían apuntar a corregir y fortalecer el sistema. También sostuvo que no se puede caer en la justicia por mano propia, por lo cual calificó de una barbarie pura los linchamientos, que en su opinión no ameritan mayor análisis. Además, sostuvo que las cárceles en la jurisdicción misionera no están abarrotadas ni saturadas y confirmó la  construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios.

Reclamos comunes
A la oposición misionera la unió esta semana un reclamo. Los grupos opositores se pusieron de acuerdo en presentar un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que consideran el anómalo reparto de bancas correspondiente a las elecciones de 2011. Esta vez hubo consenso en ese sentido entre referentes de la Unión Cívica Radical, Trabajo y Progreso, Partido Justicialista, Partido Agrario y Social, el PRO y Unión Popular. Dirigentes de estas corrientes políticas habían judicializado el reparto de los escaños tanto en la Legislatura como en tres deliberativos comunales de Misiones. Cuestionan la forma en que el Tribunal Electoral de Misiones repartió las bancas de la Cámara de Representantes, 18 al Frente Renovador y 2 a la oposición, y, sostienen que se desconoció el principio constitucional de representación de las minorías.
Recurrieron entonces al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que rechazó los recursos por considerar inadmisible que quienes los presentaron no abonaran el canon correspondiente para los recursos extraordinarios. El diputado provincial de la UCR, Germán Bordón, planteó que la decisión del STJ es errónea, porque las cuestiones de procedimiento electoral están exentas del pago de tasas y consecuentemente, también del depósito para el recurso extraordinario, y citó un caso similar, en el que se dio curso al reclamo sin los actuales cuestionamientos.
Los dirigentes, al plantear cerrada la etapa provincial, aunque criticaron que el STJ siga sin resolver la cuestión de fondo, resolvieron recurrir, en los próximos días al máximo tribunal de la Nación, tribunal que de concretase dicha presentación, deberá decidir si realmente se violó la Constitución misionera.

Primera internas
La obereña Norma Fernández Flores, que fue la única inscripta para el cargo, resultó consagrada esta semana como nueva secretaria general del Partido Socialista de Misiones. Además, quedaron definidas las conducciones de los Centros Socialistas de Oberá, encabezada por Adelina Hasselstrom, y de Jardín América, cuya titularidad ahora ocupa Alvino Schimmelpfennig.
En Posadas la cuestión resultó un poco más reñida para definir la conducción. Se presentaron dos listas, una encabezada por Javier Fleitas la otra por el diputado provincial mandato cumplido Mariano Díaz. Resultó ganador este último dirigente, en lo que representaron las primeras elecciones internas en el Partido Socialista local.