Días de buitres

Faltan sólo tres días para que se cumpla la fecha límite para el pago de los bonos. Salvando las distancias, sería como el Día D, aunque esta vez no habría un desembarco silencioso, como aquel histórico de Normandía, sino el vuelo rasante de los buitres sobre la economía nacional. Si Argentina no llegara a un acuerdo con los querellantes, podría entrar este miércoles 30 de julio en default. Lo cierto es que el tiempo empieza a acabarse para Argentina, luego de que el juez neoyorkino Thomas Griesa rechazara esta semana la posibilidad de aplicar una medida cautelar pedida por el Gobierno de Cristina Fernández, lo que permitiría mantener frenada la aplicación de un fallo judicial a favor de los fondos de inversión querellantes. Es precisamente esto lo que impide que se haga el pago a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración. Recordemos que los citados fondos buitre exigen al país el pago total de la deuda, 1.330 millones de dólares más intereses, porque no habían  aceptado las negociaciones en las que Argentina se comprometía a pagar, aunque a menor precio, los fondos adeudados. Tras el default del 2001, Argentina ofreció en 2005 y 2010 un canje de la deuda soberana a sus acreedores. En ambos canjes se reducían los montos y se diferían los pagos, lo que fue aceptado por el 93% de los tenedores de bonos; es decir, todos excepto estos llamados fondos buitre.

Predisposición

Como viene reiterando el Gobierno argentino, hay predisposición para pagar pero lo que se busca es que al país se le permita saldar la deuda con quienes sí aceptaron la negociación, para no incumplir la cláusula Rufo, que da derecho a quienes sí se sumaron a la reestructuración a recibir el total de su deuda en el caso de que alguien la cobre sin reestructuración. De hecho, Argentina ya depositó el dinero para realizar esos pagos, acto que fue impedido por Griesa, quien considera que debe pagarse también a los acreedores que no negociaron. Esta semana, los enviados por el Gobierno argentino siguieron buscando una solución con los demandantes, encabezados por los fondos Aurelius Capital Management y NML Capital Limitada, y con la intervención  como mediador de Daniel Pollack, quien fue designado por el magistrado que falló en contra del país. En medio de la negociación, tanto los fondos buitre como Griesa vienen acumulando cuestionamientos en contra. Al juez estadounidense se lo acusa de parcial, como planteó el  presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, al sostener que los llamados fondos buitre presionan a la Argentina porque ven que tienen el árbitro de su lado. También el influyente The New York Times acusó al magistrado de inventar una interpretación legal para obligar al cumplimiento de las sentencias. El blog financiero de este periódico estadounidense cuestionó la comprensión que el juez Thomas Griesa, de 83 años, está teniendo sobre la situación en la que falló condenando a Argentina a negociar con los fondos buitre en condiciones inaceptables para un Estado soberano. El artículo planteó que recién ahora Griesa está aprendiendo lo complicada que puede ser la vida para un juez cuando busca controlar las acciones de un Gobierno soberano y dicta resoluciones supuestamente obligatorias para aquellos que, en circunstancias normales, nunca estarían bajo jurisdicción de un tribunal estadounidense. A su vez, algunos expertos califican de atemorizante la forma en que se maneja el juicio por parte del juez y que aún se esté debatiendo cuando apenas faltan días para caer en eventual default. Desde el Gobierno, la presidenta Cristina Fernández cuestionó la agresión por parte de estos capitales especulativos en forma inmerecida, al sostener que el país está cumpliendo como nunca lo hizo con todos los pagos, desde proveedores hasta organismos multilaterales acreedores. A su vez, planteó que los fondos buitre son la contracara de todo el trabajo realizado en la última década, y apeló a defender el proyecto nacional, no para el Gobierno sino para todos los argentinos.
La opinión pública poco a poco va comprando la estrategia del Gobierno y las encuestas así lo reflejan. La primera mandataria subió 3 puntos en su imagen positiva desde que el tema está en el tapete. También las voces calificadas y formadoras de opinión están divididas en el debate. De aquel escenario catastrófico si no se arreglaba en lo inmediato, se está pensando en demorar el arreglo hasta enero de 2015. Nunca hay que perder la perspectiva y reconocer que estamos hablando de que el problema es con el 7% de los acreedores que no entraron en la reestructuración de deuda.
En cuanto a la macroeconomía, pese al acecho de los buitres, un cese de pagos tendría algunas consecuencias desfavorables para la economía del país, aunque tampoco supondría un efecto devastador. Porque ahora el país está en mejores condiciones a aquel 23 de diciembre de 2001, cuando el entonces presidente interino, Adolfo Rodríguez Saá, declaró el cese del pago de la deuda externa. De incurrir en default ahora, entre los pronósticos más pesimistas se habla de que se agravaría la recesión, habría tensión cambiaria, la inflación sería compleja de frenar, sumado a la escasez de dólares entre otras variables negativas. El ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, coincide en que bajarán un poco las reservas, las calificadoras de riesgo bajarán la nota y habrá presiones cambiarias, pero no una situación catastrófica. Lo cierto es que hay inquietud entre los empresarios en el país. No en vano el actual conflicto es uno de los temas más importantes de la actualidad económica mundial, porque está en juego la soberanía de la Nación, que trata de alcanzar un desarrollo independiente frente a las presiones de los poderosos círculos del capital especulativo.  Por eso, serán días claves de consultas políticas para abordar la cuenta regresiva que se cerrará este miércoles.

El ritmo político
Aunque esta puja económica está en el centro de la escena y cubre gran parte de la agenda política, otras actividades, como las partidarias, no se detienen. Al finalizar la semana, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ratificó su voluntad de competir para llegar a la Casa Rosada el año que viene. Planteó con todas las letras que es uno de los candidatos a presidente de la Nación. Se presenta como un candidato que transmite continuidad y confianza a los actuales programas de gobierno y se diferencia de sus posibles competidores, como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, cuyas intenciones de votos continúan en crecimiento. A criterio del gobernador bonaerense, la batalla se dará entre él y Macri. Como muestra de la seriedad con la que pretende encabezar su campaña, Scioli anunciaría un plan quinquenal para las provincias que pondría en ejecución en caso de llegar a la presidencia.
Otros sectores como el Frente Amplio-Unen, mueven fichas y apuntan a un acto en la ciudad de Buenos Aires, presidido por sus principales candidatos, como Elisa Carrió y Pino Solanas, a los que se sumarían otros tres presidenciables del espacio, como Hermes Binner, Julio Cobos y Ernesto Sanz. La idea sería reforzar el Frente, con la oportuna excusa de que el 11 de agosto se cumplirá un año de las Paso legislativas y del debut de Unen, esta coalición que pocos meses antes habían creado la UCR, la Coalición Cívica, Proyecto Sur, el Partido Socialista, Libres del Sur, Podés y el Partido Socialista Auténtico. Con la suma de sus cuatro listas lograron un sorprendente triunfo sobre la nómina única del PRO.

Rechazo a la violencia institucional
En forma separada pero con la misma fortaleza, dirigentes de distintos partidos políticos de Misiones, como la Unión Cívica Radical, el PRO Misiones, el Partido Agrario y Social y Nuevo Encuentro, entre otros, expresaron preocupación por el accionar violento de un grupo de policías que provocó la muerte de un ciudadano de Posadas. No hay razones para comportarse de esta manera. Tampoco es la primera vez que golpean a ciudadanos indefensos. Los efectivos deben estar preparados psicológica y físicamente para inmovilizar a los sujetos que incumplan con la ley, pero bajo ninguna excusa excederse en el uso de la fuerza. Lo sucedido además de ser un delito, roza una actitud de cobardía en el accionar de un grupo de efectivos cuando había un solo sujeto que no portaba arma alguna que pudiera poner en peligro la integridad de los uniformados. Por ello, no se puede justificar bajo ningún punto de vista el accionar de estos efectivos. Se deberá buscar responsables y explicaciones claras de por qué actúan de esta manera. Si es necesario, como plantean varios dirigentes, hay que revisar y hacer algunas correcciones en la preparación de los agentes y en sus formadores, por el bien y la integridad de todos los misioneros. Pareciera que los entrenan para pegar y no para prevenir e investigar los delitos. Son tres años de carrera para oficial y aproximadamente un año para agente. Aseguran que ingresan estudiantes muy humildes y con vocación, aunque también con perfiles violentos que no deberían seguir en carrera. Algunos formadores observan que una de las debilidades es la falta de capacidad para vincularse con los ciudadanos, y otros entienden que el uniforme les da impunidad. El gobernador Maurice Closs dejó en claro que la Policía no está para dar patadas y consideró que la institución debe hacer constantemente sus revisiones, porque convive en el delito y la tensión. Sobre lo sucedido, planteó que la Justicia debe recaer con todo el peso de la ley sobre él o los culpables. En ése ámbito, es de destacar la labor del juez Marcelo Cardozo, quien desde el primer minuto estuvo muy atento y lúcido en el momento de actuar y disponer las actuaciones correspondientes. Pero además de aguardar que se haga justicia, como lo requiere toda la sociedad y la dirigencia política, debe esperarse una autocrítica interna seria, para que hechos como el sucedido no se repitan en Misiones.