Griesa obliga a negociar con fondos buitre hasta llegar a un acuerdo

El juez de Nueva York Thomas Griesa emplazó ayer a la Argentina y a los holdouts a negociar “de modo continuo y hasta que haya un acuerdo”, al tiempo que rechazó el pedido argentino de reposición de una medida cautelar (stay) que le permita al país el pago de la deuda regular.
De esta manera, el Gobierno y los holdouts tomarán contacto por primera vez hoy a las 10 en Nueva York, bajo la supervisión del mediador Daniel Pollack, para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al litigio por la deuda impaga, tal como pidió el juez, quien aseguró que no quería un nuevo default. “No quiero que eso pase”, afirmó.
En tanto, ante la negativa del magistrado a levantar el interdicto, los abogados de la Argentina alertaron que en las ocho jornadas que faltan hasta el 30 de julio parece difícil llegar a un acuerdo e insistieron con la restitución del amparo. “Es difícil que las conversaciones puedan seguir con una olla de presión artificial”, argumentaron.

Griesa minimizó los problemas planteados por la Argentina -en particular los referidos a la denominada cláusula Rufo- para llegar a un acuerdo y advirtió sobre las consecuencias que podría tener un default. “En mi visión, cada problema que ha mencionado es susceptible de ser atendido en un acuerdo”, dijo el juez en una de sus intervenciones durante la audiencia y remarcó que “si no, habrá un default y eso es lo peor. Es casi lo peor que puedo anticipar. No quiero que eso pase. Hay gente que saldrá perjudicada con eso; no buitres, sino personas reales”.
Ante la negativa de los abogados argentinos, Griesa les recordó: “Sentencias son sentencias”, y reprochó una “desafortunada retórica incendiaria” de parte de la Argentina. Pese a ello, el magistrado instó a las partes a “dar pasos razonables” y consideró que un nuevo incumplimiento del país sería “lamentable”.
En ese marco, ordenó que la Argentina y los holdouts se reúnan de modo “continuo” con Pollack, hasta “que haya un acuerdo”.
Por otra parte, Griesa no se pronunció sobre los pedidos de aclaración presentados por los agentes de pago europeos Euroclear y Clearsystem, quienes fueron quienes motivaron la audiencia.
La audiencia de ayer en la corte federal de Manhattan duró dos horas, durante las cuales se discutieron sobre todo mociones propuestas por los bancos que tienen depositado el dinero con el que Argentina debe pagar a los bonistas reestructurados.
Los 539 millones dólares se encuentran congelados en el Bank of New York Mellon, una de las entidades que solicitó celebrar la audiencia para que el juez aclarase qué debe hacer el banco con el dinero.
Griesa dijo que el banco actuó correctamente al no entregar el dinero a los bonistas reestructurados, ya que hacerlo habría ido en contra de su decisión judicial.
Eric Schaffer, representante del banco, dijo a Griesa que devolver el dinero a Argentina probablemente supondría más demandas judiciales, a lo que Griesa respondió que es mejor hacer lo posible para evitar más litigación.
La conclusión que se dedujo del intercambio es que los 539 millones se quedarán de momento en el banco.


Repercusión en los mercados
El dólar estadounidense subió ayer quince centavos,  a 12,45 pesos en la plaza local, las acciones líderes recortaron pérdidas sobre el cierre de la rueda y cerraron con una caída de 1,08 por ciento en la Bolsa de Comercio porteña, y los bonos soberanos anotaron bajas de hasta el 6 por ciento, ante la negativa del juez estadounidense Thomas Griesa a reponer la medida cautelar. El índice Merval, que llegó a caer más de un 3 por ciento, retrocedió a 8.332,29 puntos. “El mercado refleja el nerviosismo tras la decisión de Griesa”, explicó  un operador de cambio.


Problemas para todos
El juez Thomas Griesa destacó que este es un momento crucial y que no resolver el problema no afectará sólo a bonistas sino también a los ciudadanos de a pie. En tanto, tras conocer la decisión del juez neoyorquino, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit de Buenos Aires, dijo que “el riesgo de caer en default es un poco más alto, aunque seguimos manteniendo la opinión de que el Gobierno va encontrar una salida acordada para evitar el cese de pagos, lo que podría incluir, por ejemplo, la cancelación con bonos”.
El economista señaló que “la solución va a terminar siendo al filo del límite del 30 de julio”.Para Carugati, un default implicaría, entre otros perjuicios, “más brecha cambiaria o una profundización de la recesión”, además de que el Gobierno sufriría costos políticos, porque “después de conseguir logros económicos y sociales, nos puso en una situación de cesación de pagos”.