El ojo que vigila calles: Posadeños tienen a las cámaras en la mira

Calles, plazas y comercios monitoreados por cientos de cámaras de seguridad. Sistemas satelitales y centros de monitoreo con sofisticadas computadoras podrían formar parte del paisaje de Posadas en un futuro cercano. No es una película o un reality, sino una escena de la vida real. La tecnología para la custodia urbana parece ser la salida más inmediata para prevenir posibles hechos ilícitos, y a su vez, se abre un interrogante sobre si estos aparatos invaden la privacidad del ciudadano.
El puntapie inicial lo dio el gobernador Maurice Closs en su discurso del 1 de mayo: “la implementación de un sistema de Cámaras de Seguridad en puntos estratégicos, inicialmente de la ciudad de Posadas. El sistema de cámaras de seguridad estará compuesto de tres sectores: uno corresponderá a las cámaras que instalará el Estado; otro corresponde a las cámaras que se requerirá a las entidades financieras que instalen; y por último estará compuesto por las cámaras de seguridad que voluntariamente decidan integrar los comercios al sistema”, había dicho el primer mandatario provincial en su discurso en la legislatura.
Otras ciudades, como El Tigre, La Plata o la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ya cuentan con sistemas de cámaras en sus calles.
La iniciativa surgió hace dos años a través de un proyecto de de la Fundación Padres Unidos, a fin de evitar  hechos de violencia entre jóvenes en la vía pública,  el que  fue aprobado hace más de un mes en el Concejo Deliberante.
Según informó el concejal José Almirón, “ahora la implementación queda a cargo del Ejecutivo, que deberá definir los lugares, la cantidad de cámaras y el presupuesto”. Y agregó que el objetivo es mejorar “la seguridad en la vía pública aunque sabemos que esto no va a venir a terminar con los robos y la violencia en las calles, pero es un elemento preventivo”.
Un relevamiento realizado por El Territorio en el microcentro de Posadas pudo comprobar el fuerte acompañamiento de la comunidad a la iniciativa que busca generar mayor control en los espacios públicos.
Según argumentaron las autoridades policiales, el sistema de cámaras tiene una función de prevención general y de investigación, ya que en el caso de que se produzca algún hecho delictivo, la imagen sirve como material de prueba ante la Justicia.
El comisario general Mario César Ferreira, jefe de Seguridad de la Policía de Misiones, señaló que la instalación de cámaras sería “de gran ayuda para direccionar una investigación”.
Manifestó que las cámaras de seguridad también se utilizan para controlar “las infracciones de tránsito y sobre todo en los accidentes viales para determinar la velocidad a que circulan los vehículos y si alguno cruzó el semáforo en rojo”.
Sin dudas, las cámaras serán herramientas útiles para mejorar la labor de las fuerzas de seguridad. Pero surge una pregunta: ¿podría disminuir efectivamente el delito en las calles de la ciudad con el uso de estas herramientas tecnológicas?
Respecto al marco legal, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, explicó que “no es el único ni exclusivo medio de prueba pero sí puede utilizarse como indicio para determinar o para identificar el posible autor de un delito”.
Y además opinó que “es una medida más de seguridad, pero no va a disminuir la comisión de ilícitos. Va a servir para que exista mayor control por parte del Estado sobre las conductas ilícitas, sabemos que la problemática es de fondo y atiende a otras circunstancias. Entre tantos factores que llevan a la comisión de ilícitos esto no es un paliativo a eso, pero sí va a servir para el control”.
Por su parte, Elena Maidana, docente e investigadora de la Unam, analizó que existe un falsa creencia de que “una mayor visibilidad te va a garantizar una reducción del delito, de algún modo se deposita en una tecnología soluciones que en realidad son mucho más complejas”.

Control restringido
“¿Qué te garantiza una cámara de vigilancia, cuando quizás uno se encuentra con una Justicia que no funciona como debería funcionar, cuando en una provincia hay casos sin resolver?”, se preguntó Elena Maidana, en relación a la futura implementación de la videovigilancia en las calles de Posadas.
La investigadora consideró que actualmente el concepto de mayor visibilidad está vinculado con la posibilidad de generar mayor control sobre la ciudad. Sin embargo, se genera un significado “acotado, restringido y circunscripto a determinado espacio de la ciudad y sustentado en este mito de la transparencia como garantía de control, y en realidad no me garantiza nada y no me garantiza que la Justicia funcione bien”.
“No deja de estar sustentada en creencias, mitos e ilusiones propios de cierto ejercicio del poder, entre otros: que la realidad es transparente, que es posible la visibilidad total de la sociedad (el poder cree que se puede ver todo) y que ésta por lo tanto puede operar como garantía de control social”, indicó.
“Se vincula también con la actual tecnologización del espacio público - que se reconfigura y desfigura con lo que pasa en las calles, en los medios y en internet”, reflexionó.
“Por un lado existe esta creencia del poder de creer que es posible la transparencia de lo social, que lo social es posible de ser percibido en una visibilidad total, eso no deja de ser un mito, una creencia e ilusión. También está la idea de que mayor visibilidad mayor control”, comentó.

La estructura legal
El presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Rodrigo Bacigalupi, detalló que para la implementación de las cámaras en la ciudad, en primer lugar “tendría que reglamentarse una norma que ordene la disposición dónde deben ser colocadas, la organización, cómo se van a realizar los monitoreos, quiénes van a tener el control y el seguimiento”, y en segundo lugar, “las autoridades deberían dictar normas, darle un cierto marco de legalidad o una recepción judicial en la medida que el crudo de las grabaciones pueda ser utilizado para cualquier acción judicial o para la persecución de crímenes penales”.
A su vez, Bacigalupi retomó el asesinato de una mujer ocurrido la semana pasada en el centro de Posadas y consideró que “de haber existido una cámara en una de las esquinas se podría determinar por lo menos qué personas pasaron por ese lugar a esa hora, para tener un identikit o un panorama sobre los posibles agresores”.
Además, definió a la imagen como un indicio cierto y “no cabe duda que cualquier juez donde vea la filmación que demuestre la comisión de un delito por una persona determinada, si bien no va a poder utilizarla como única prueba de cargo o de culpabilidad, le va a servir para formar una opinión o criterio a la hora de dictar una sentencia”.
Por otro lado, opinó que la instalación de estos dispositivos de vigilancia “hace a la seguridad pública, no hace a la persecución de las personas o al ciudadano que camina tranquilo por la calle sino el control de aquellos que delinquen o comenten ilícitos. En los lugares cercanos a boliches en donde hay distribución de drogas o sucesos de violencia, si existieran cámaras el ciudadano se sentiría más controlado y sería un factor de prevención y sobre todo una ayuda a la hora de que la Policía intervenga”.
Y advirtió que “la cámara no es la que va a juzgar a la persona sino que es un juez quien va a tener que reunir todos los medios probatorios que se rindan para poder determinar la responsabilidad por una conducta”.

El ojo que lo ve todo
Maidana retomó la idea de la vigilancia vinculada al poder de control de una  cámara que lo ve todo, “ese ojo que te sigue a todos lados y que te observa pero que vos no sabés dónde está esa mirada que te observa y que es del poder, en realidad no es ubicua, no la podés ver. saben que están siendo vistos pero no pueden ver al que los vigila”.
Asimismo, se preguntó “quiénes administrarán y regularán esas cámaras, desde qué mirada, concepciones y percepciones pero también desde qué prejuicios y estereotipos de la ciudad, del espacio público, de los otros: jóvenes, sectores empobrecidos, vendedores ambulantes”, enfatizó.
Por el contrario, Bacigalupi vinculó al funcionamiento de las cámaras como un factor de prevención, ya que la persona “que sabe que es filmada tenderá en principio a tener más cuidado. Esto es clave en los supermercados que desde que hay filmadoras se ha reducido la cantidad de robos o de hurtos menores”.

Más debate
Ante la presencia de cámaras en la vía pública también se pone en juego los límites entre lo público y lo privado. Según explicó Bacigalupi: “Hay un criterio de transparencia, nada de lo que nosotros hacemos públicamente debe ser secreto. Todos los actos que hacemos público, que tienen relación con algún tercero, deben ser pasibles a ser sometidos a una cámara, sino fuera así es porque algo se estaría ocultando”.
Con respecto al derecho a la intimidad, el abogado explicó que “una vez que salimos de la puerta de nuestra casa ya no estamos dentro de ese ámbito de intimidad, cuando entramos en la vía pública afectamos el derecho a terceros y no opera este principio de derecho a la intimidad porque el Estado tiene el poder, potestad y facultad de controlarlo”.
Desde una mirada crítica, la investigadora Maidana consideró que “opera el pensamiento mágico, existen estos problemas sociales y la respuesta es depositar toda mi confianza en un aparato. Se buscan respuestas efectistas rápidas, que la solución al problema de la inseguridad social las voy a resolver poniendo más cámaras, y no se resuelve con eso”.


“Se restringe la idea de seguridad”
“La decisión de instalar cámaras de vigilancia en espacios públicos de Posadas parte fundamentalmente de una idea restringida de la seguridad, vinculada sobre todo con los delitos a la propiedad privada y con ciertos actos de violencia y agresión física”, consideró la docente e investigadora Elena Maidana, quien actualmente lleva a cabo diversos estudios sobre la ciudad y el espacio urbano.
Además, se trata de un reducción espacial, ya que en Posadas “la preocupación por la seguridad no deja de estar inscripta o enmarcada en las cuatro avenidas. La ciudad es mucho más que eso”.
Para Maidana. existen “otras seguridades que no se tienen en cuenta, la seguridad social, vial, alimentaria, entre otras. Para otras personas el riesgo no pasa porque le roben, sino por saber si mañana va a vivir, en esos casos se debe redefinir el concepto de seguridad”.
Según su observación, a raíz de los discursos mediáticos se crean los temores y miedos que circulan en la ciudad y esto a su vez, “genera lo que se llama sensación de inseguridad. Y se promueve: el encierro, la casa como refugio, un mercado que vende diferentes recursos de seguridad y el desconocido comienza a ser visto como un enemigo, o una amenaza”.
Como alternativa y posible solución para reducir la inseguridad, la docente apeló a que en las calles se haga vida pública, “en donde la vida del vecino también forme parte de mi vida. Apuesto a promover espacios de encuentro e interacción, repensar las relaciones sociales”.

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